Reclamos por salud mental: exigen cumplir la ley

Resumen: Salud mental, desmanicomialización y el cumplimiento de la Ley 19.529

Durante la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, se puso sobre la mesa una problemática que continúa pendiente en Uruguay: el cierre de los manicomios y centros asilares, tal como lo establece la Ley de Salud Mental N.º 19.529, aprobada en 2017. A pesar de que han pasado casi diez años desde su aprobación, su implementación sigue siendo incompleta, principalmente por la falta de presupuesto, de recursos y de voluntad política. Esta situación deja a muchas personas internadas en instituciones que no funcionan como deberían, sin que se desarrollen plenamente las alternativas comunitarias que propone la ley.

En el programa participó Rodolfo Villa, integrante del colectivo Vilardevoz y representante de organizaciones sociales en la Comisión Nacional de Contralor de la Salud Mental. Villa explicó que es fundamental informar y sensibilizar a la población sobre los objetivos de la ley, ya que todavía existe mucho desconocimiento acerca de la desmanicomialización y de los derechos de las personas con padecimientos de salud mental. En ese marco, destacó la marcha realizada el 10 de octubre, denominada “Desmanicomialización y vida digna”, que se organiza por decimoquinta vez para reclamar el cumplimiento de la ley y exigir el cierre de los manicomios.

Uno de los principales planteos fue que no se busca mantener los centros asilares en las condiciones actuales ni simplemente aumentar su presupuesto, sino avanzar hacia su cierre y construir alternativas de atención dignas. Para lograrlo, se propone desarrollar casas comunitarias, casas de medio camino y otros espacios donde las personas puedan vivir en sociedad, con acompañamiento profesional, atención sanitaria y oportunidades para trabajar y recuperar su autonomía. Como ejemplo, se mencionó una casa comunitaria vinculada al Hospital Vilardebó, donde algunas personas que estuvieron internadas comienzan a desarrollar una vida más independiente.

Según Villa, estas experiencias demuestran que es posible ofrecer una atención más humana y respetuosa de los derechos. Incluso señaló que, con un presupuesto equivalente al que recibe el Vilardebó, se podrían abrir aproximadamente 100 casas comunitarias para seis personas cada una. Sin embargo, estos proyectos todavía son insuficientes y necesitan mayor apoyo institucional, recursos y coordinación entre los organismos del Estado.

Durante la conversación también se cuestionó el funcionamiento de las instituciones psiquiátricas tradicionales. Se señaló que el encierro puede limitar la autonomía de las personas, porque muchas veces se decide sobre sus horarios, su vestimenta, sus visitas, su medicación y distintos aspectos de su vida cotidiana. Además, se denunciaron situaciones de aislamiento, falta de personal, dificultades para acceder a visitas y prácticas que afectan la dignidad de quienes están internados. La crítica central es que las personas con problemas de salud mental no deben ser tratadas como individuos a los que hay que apartar de la sociedad, sino como sujetos de derecho que merecen respeto, libertad y oportunidades.

Otro aspecto importante fue la necesidad de transformar la mirada social sobre la salud mental. Históricamente, los manicomios funcionaron como espacios donde se encerraba a quienes eran considerados diferentes o se salían de las normas sociales. Los participantes cuestionaron esta lógica y recordaron que tener dificultades de salud mental no significa perder los derechos ni la posibilidad de vivir, trabajar, relacionarse y participar en la comunidad. También destacaron que no se plantea eliminar todas las internaciones, ya que algunas personas pueden necesitarlas temporalmente, sino evitar los encierros prolongados e innecesarios y garantizar que existan alternativas adecuadas al momento de recibir el alta.

En este sentido, se habló del problema conocido como “puerta giratoria”: personas que reciben el alta hospitalaria, salen a la calle o son derivadas a refugios que no cuentan con la atención necesaria y, tiempo después, vuelven a ser internadas. Para evitar que esto suceda, se propone pasar de un modelo basado en la vigilancia y el aislamiento a otro centrado en el acompañamiento, la inclusión social y la vida en comunidad. Esto requiere viviendas, trabajo, atención psicológica y psiquiátrica accesible, redes de apoyo y seguimiento de las personas después de su internación.

También se remarcó que la salud mental no puede depender únicamente del Ministerio de Salud Pública o de un gobierno. Es necesario construir una política de Estado que involucre a distintos organismos, como los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Vivienda, además de las intendencias y las organizaciones sociales. Los participantes cuestionaron que estos temas aparezcan en la agenda política principalmente durante las campañas electorales o cuando ocurre una situación grave, como un suicidio, y después vuelvan a quedar relegados. La falta de continuidad política y de coordinación institucional dificulta que las soluciones se concreten y que la ley se cumpla efectivamente.

Como referencia, se mencionaron experiencias de otros países, como Italia y Brasil, que han avanzado en el cierre de manicomios y en el desarrollo de modelos comunitarios. También se destacó el trabajo que realizan los colectivos y las organizaciones sociales, muchas veces con recursos limitados, para crear redes de apoyo, generar actividades laborales y artísticas, y promover espacios de participación. La marcha y las ferias de salud mental fueron presentadas como ejemplos de organización colectiva que permiten visibilizar el problema, compartir experiencias y demostrar que existen otras formas de acompañar a las personas.

Finalmente, Rodolfo Villa invitó a la población a participar en las actividades de sensibilización y a acercarse a las experiencias comunitarias que ya están funcionando. Su mensaje fue un llamado a la empatía, la comprensión y el compromiso social. Cerrar los manicomios no significa dejar a las personas sin atención, sino garantizar que reciban los apoyos que necesitan sin perder su libertad ni su lugar en la sociedad. Cumplir con la Ley de Salud Mental implica construir condiciones reales para que todas las personas puedan vivir con dignidad, autonomía y acompañamiento.

En definitiva, el planteo central de la entrevista es que Uruguay cuenta con una ley que promueve un cambio profundo en la atención de la salud mental, pero todavía existe una gran distancia entre lo que establece la normativa y lo que sucede en la realidad. Para avanzar, se necesita presupuesto, compromiso político, coordinación entre instituciones y participación social. Como expresó Villa, la desmanicomialización también es una forma de amor, porque significa reconocer al otro como una persona con derechos, capacidades y posibilidades de vivir en comunidad.